Lucha social triqui, convertida en negocio de mercenarios

Pagina3.mx.- Pedro MATÍAS

Sábado, 29 de Diciembre de 2012 02:00

Oaxaca | pagina3.mx | Pedro MATÍAS | Foto: 50mm |

La lucha social que tuvo un origen justo, terminó por convertirse en un negocio de mercenarios a los que no les importa exponer la vida de las mujeres y de los niños y niñas triquis; al contrario, su muerte les reditúa más ganancias porque se posicionaN mediáticamente y lucran con el dolor de los demás. En una de las cartulinas que sobresalen en el campamento instalado ahora a un costado del Palacio de Gobierno, se encuentra la cronología de la tragedia del pueblo triqui.

“1822 el gobierno destruye el cabildo indígena; 1948 el gobierno destruye el municipio de San Juan Copala; en 2007 se declara municipio autónomo; 2007 ya van 800 triquis asesinados por el gobierno, caciques,  2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictan medidas cautelares para 135 triquis; y 2012 desalojo del campamento en Palacio de Gobierno”.

Sin embargo, el divisionismo de los desplazados triquis llegó el 23 de enero de 2012 cuando el gobierno de Gabino Cué entregó 11 millones de pesos a los desplazados triquis con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El gobierno señaló que “ha cumplido a cabalidad las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de otorgar por única vez (en diciembre de 2011 y enero de 2012), un apoyo de 150 mil pesos a cada una de las 135 familias triquis cauteladas, cuyos recibos obran en los archivos de la Secretaría General de Gobierno”.

Ni bien se entregaba el dinero, cuando salieron a relucir acusaciones de corrupción porque los líderes se quedaron con la mitad o más de la mitad de los 150 mil pesos que le correspondían a cada una de las 135 familias triquis.

Fue así como los desplazados del autollamado municipio autónomo comenzaron su autodestrucción, al fragmentarse en tres grupos.

Uno comandado por David Cilia Olmos y Víctor Castillo, que utilizan a Lorena Merino y Mariana Flores López, quienes, a decir del gobierno, cuentan con el apoyo de unas 40 personas que participan en el plantón triqui, de las cuales solo cuatro personas son beneficiarias de las medidas cautelares.

Por cierto, el gobierno exhibió documentos donde se evidencia que ya les fue cubierto el apoyo económico de 150 mil pesos por el concepto de resarcimiento de daños por las afectaciones sufridas.

Otro grupo es el de Reyna Martínez Flores, apoyado por David Venegas alias “El Alebrije”, Ramiro Martínez Caballero y Marco Albino, que cuenta con el respaldo de 35 indígenas triquis con medidas cautelares de la CIDH.

Y el tercer grupo es el de Jesús Martínez Flores –hermano de Reyna- que tiene entre sus seguidores a unos 50 indígenas con medidas cautelares, y el resto se encuentra en sus casas o emigraron a Guanajuato u otras entidades.

El Gobierno de Oaxaca informó que en agosto pasado ofreció a las familias desplazadas un predio de 2 hectáreas de superficie, ubicado en el municipio de San Pablo Etla, para el traslado temporal de su campamento, hasta en tanto se generen las condiciones para su retorno seguro, sin embargo, lo rechazaron.

Además, informó que en el 2012 autorizó una inversión presupuestal de 68 millones de pesos distribuido entre las 32 agencias municipales de la zona Triqui.

Mientras que en la agencia de San Juan Copala, en el mes de octubre se restablecieron los servicios educativos después de tres años sin clases, debido a la alta conflictividad.

En relación con la pretensión del grupo de mujeres triquis de reinstalar su campamento en los portales del Palacio de Gobierno del Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, el Gobierno del Estado reiteró su firme decisión de impedir el hecho, toda vez que de permitirlo pondría en riesgo la salud y las condiciones mínimas de bienestar de los menores, mujeres y ancianos que participan en el plantón, al considerar las bajas temperaturas que se registran en la actual temporada invernal, así como las condiciones de insalubridad en que han permanecido.

Aclaró que “no se trata de conculcar el derecho y la libertad de expresión de este grupo al que se le ha ofrecido una alternativa de albergue con alimentación y servicios médicos, así como una mesa de diálogo para seguir atendiendo sus planteamientos”.

“Por el contrario, se trata de una decisión gubernamental fundada en razones humanitarias, que busca evitar a toda costa que se deterioren las condiciones de salud y de bienestar de este grupo de manifestantes, en su mayoría en una situación física de alta vulnerabilidad”.

Finalmente, denunció que “durante el proceso de atención de las familias triquis, ha sido notoria la injerencia de personas ajenas a su movimiento que han obstaculizado y minado los acuerdos en forma sistemática, con el fin de obtener recursos y beneficios personales a costa de los intereses de este pueblo indígena y de la sociedad oaxaqueña en general”.

Por esta razón, el Gobierno del Estado conmina enérgicamente a estas personas a deponer actitudes de hostilidad y extremismo, y desde luego, los exhorta a contribuir a la búsqueda de soluciones rápidas y de fondo, toda vez que seguir alargando el conflicto será en detrimento de las propias familias triquis.