Falsas víctimas, con medidas cautelares de CIDH, acusan
Ana Rodríguez
Un grupo de mujeres triquis del municipio de San Juan Copala que mantienen frente a Palacio de Gobierno un plantón para exigir condiciones para un regreso seguro a su comunidad de origen enviaron una carta al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, para exhibir “a malos redentores sociales y falsas víctimas que reciben medidas cautelares por parte de este organismo”.
Reyna Martínez, representante de un grupo de 135 personas de Copala, evidenció al dirigente del denominado Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, David Cilia Olmos, quien, dijo, sólo ha utilizado la defensa de su movimiento para manipular y sacar provecho personal y lucro del conflicto social.
Asimismo lo acusó de obtener, bajo engaños, medidas cautelares para familias que no están involucradas en la problemática. “Queremos desligarnos del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad de manera tajante y al mismo tiempo desconocer cualquier gestión que realicen ante la CIDH en nuestro nombre, porque hay corrupción y falsedad en su actuación”, expresó.
Junto con David Cilia, la desplazada también se deslindó de las activistas Beatriz Cristóbal y Priscila Rodríguez Bribiesca, ex representantes a quien también acusó de haber cometido prácticas indebidas.
Reyna Martínez, quien goza de la medida cautelar MC197_10_135, dictada al Estado mexicano desde el 7 de octubre de 2010, relata el camino que ha recorrido en la ciudad de Oaxaca, sosteniendo hasta 23 mesas de trabajo con funcionarios de los gobiernos federal y estatal sin concretar acuerdos de solución que les permitan un retorno seguro a sus comunidades.
Martínez aceptó que tras las mesas de acuerdo se ha logrado la entrega de 150 mil pesos por reparación de daños a cada una de las 110 familias desplazadas, en espera de que se liberen fondos para obtener vivienda y empleos dignos, además de un apoyo mensual de hasta cuatro mil pesos a cada una las viudas y cinco mil pesos a cada uno de los huérfanos por el conflicto.
Asimismo mencionó que están pendientes de ejecutarse órdenes de aprehensión contra responsables del asesinato de 23 personas originarias de Copala.
Señaló que el gobierno estatal ha propuesto como opción para el regreso de los desplazados adquirir un terreno en la ciudad de Oaxaca para alojar a los afectados y evitar confrontaciones con grupos opositores.


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