Acusan a representantes de manipular a mujeres triquis
* Buscan sacar provecho personal de su movimiento, aseguran las propias desplazadas
Por Óscar Rodríguez
Foto de archivo de Carolina Jiménez
Oaxaca, Oax.- Un grupo de mujeres indígenas de la etnia triqui, originarias del municipio de San Juan Copala, quienes mantienen frente al Palacio de Gobierno un plantón para exigir un regreso seguro a su comunidad de origen, de donde fueron desplazadas, enviaron una carta al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Emilio Álvarez Icaza, para exhibir a un grupo de malos redentores sociales y falsas víctimas que reciben la dotación de medidas cautelares por parte de dicho organismo.
Reyna Vásquez, representante de un grupo de 135 personas de la comunidad indígena triqui de San Juan Copala, evidenció al dirigente del denominado Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, David Cilia Olmos, quien sólo ha utilizado la defensa de su movimiento para manipular y sacar provecho personal y de lucro del tal conflicto social.
Incluso refirió que logró obtener medidas cautelares bajo engaños para personas y familias que no tienen ninguna injerencia en la problemática.
“Queremos desligarnos del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad de manera tajante y al mismo tiempo desconocer cualquier gestión que realicen ante la CIDH en nuestro nombre, porque hay corrupción y falsedad en su actuación”.
Junto con David Cilia, la desplazada también se deslindó, junto con sus compañeros, de las activistas Beatriz Cristóbal o Priscila Rodríguez Bribiesca, ex representantes de las mismas que también han cometido prácticas indebidas.
Vásquez, quien goza de la medida cautelar MC197_10_135 dictada al Estado mexicano desde el 7 de octubre del 2010, sostienen que luego de que fueron obligados de huir de sus comunidades por grupos armados, ligados a gobiernos priistas, han vivido un calvario para lograr condiciones de justicia y dignidad ante los gobiernos estatal y federal.
Relata el camino que ha recorrido en la ciudad de Oaxaca, sosteniendo hasta 23 mesas de trabajo con funcionarios de los gobiernos federal y estatal sin concretar acuerdos de solución, que les permita un retorno seguro a sus comunidades, observando en lo personal un gran desinterés por parte de los funcionarios federales para atender sus exigencias.
Aclaran que en la última mesa con el gobierno de Gabino Cué, celebrada el 11 de noviembre del 2012, ante el deterioro físico y emocional de quienes sostenían el plantón en el zócalo de la ciudad, sobre todo de niños y ancianos, decidieron previo acuerdo de cada uno de los desplazados y desplazadas, establecer mesas de diálogo con la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, para tratar de encontrar un camino de solución integral.
Vásquez aceptó que tras las mesas de acuerdo se ha logrado la entrega a cada una de las 110 familias desplazadas de 150 mil pesos como reparación del daño, en espera de que se liberen fondos para lograr tener una vivienda y empleo digno a la par que se ofrezca de manera adicional una ayuda especial por mes de hasta 4 mil pesos a cada una las viudas y 5 mil a cada uno de los huérfanos del conflicto.
Mencionó que están pendientes de ejecutarse las órdenes de aprehensión contra los responsables del asesinato de 23 personas simpatizantes del municipio autónomo de San Juan Copala.
En este mismo acuerdo, el Gobierno del Estado se compromete a salvaguardar las casas de cada uno de los desplazados y lo que pudo quedar después del saqueo.
Señaló que el gobierno estatal ha propuesto como opción adquirir un terreno en la ciudad de Oaxaca para alojar a los desplazados para evitar confrontaciones con los grupos opositores.
Vásquez asegura en su carta que en esta lucha por regresar a su pueblo de origen, han aparecido personajes que persiguen intereses de otra índole y los cuales se han dedicado a mal informar y sembrar la discordia entre organizaciones y en este punto colocó a David Cilia Olmos, quien el representante de las desplazadas ante la CIDH.
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